Jaque mate a la educación por cobertura. Por @HectorFrancoJ

El Decreto 1851 de 2015 tiene en serios problemas a las entidades que brindan educación por cobertura en el país.

Algunas Secretarías de Educación, en “estricto cumplimiento” del mencionado Decreto, están dejando fuera de los Bancos de Oferentes a instituciones que llevan prestando por más de 20 años el servicio público de la educación en los lugares más remotos, a los cuales no le es o era posible llegar al Estado.

Sólo en Medellín, según escuchamos en el Concejo de Medellín donde el viernes pasado se hizo un debate al respecto, están quedando fuera del sistema más de 23.000 niños, niñas y adolescentes, sin incluir adultos. ¿Está el Estado preparado para asumir esos cupos?

La disculpa de todo esto es la calidad educativa, medida en términos de un “percentil”. 

¿Será que podemos comparar, con fundamento en las pruebas Saber -que miden más la memoria que la calidad de la educación- los valores, la inclusión, el desarrollo de competencias para dialogar y solucionar conflictos? 

¿Será que podemos comparar la educación que se brinda en los estratos altos (en su mayoría privada y onerosa) con la que reciben niños, niñas y adolescentes desplazados, que han sufrido violencia, que viven en condiciones límites de pobreza y exclusión? 

¿Será que niños bien alimentados, de familias “de bien” (como si todas no lo fueran) están en igualdad de condiciones con niños, niñas y jóvenes que, la más de las veces, comen una vez al día gracias al restaurante escolar?

Muchos de los niños provienen de hogares rotos, donde la violencia y el “mal ejemplo” son constantes. Estos niños fácilmente pueden caer en manos de los combos criminales y pasan a engrosar sus filas. Cada niño, niña o adolescente que se integra al sistema educativo por cobertura es uno menos en las filas de la violencia, la drogadicción y la prostitución.

Que hacia el futuro se pretenda que la educación sea por completo brindada en colegios oficiales de manera gratuita es, sin duda, un sofisma de distracción. Lo que se acostumbra desde los gobiernos neoliberales es ver toda actividad (incluida la pública) como fuente de comercio que requiere producir utilidades, es decir, privatizar.

Son muchos los argumentos para defender a las instituciones de educación por cobertura; la mayoría (si no todas), al menos en Medellín que es donde conocemos un poco más, son sin ánimo de lucro; estas instituciones educativas por cobertura tienen penetración y aceptación en comunidades excluidas y de desplazados, que viven en condiciones de pobreza extrema y de las actividades informales, y como si fuera poco, en zonas en donde la presencia de las autoridades estatales es mínima o inexistente.

Señora Ministra Parody: 

¿Será que de un día para el otro podrán los entes oficiales lograr lo mismo? 

¿Será que tienen dónde recibir 23.000 niños, niñas y adolescentes de un día para el otro en las instituciones oficiales? 

¿Será que con los elementos que brindan las pruebas Saber de 2014 se puede calificar la actuación de entidades con planes de mejoramiento aplicados durante el período 2015 para excluirlas en 2016?


El famoso Decreto de marras debe ser derogado. O al menos, modificado en la exclusión de la contratación de las instituciones que trabajan por cobertura con base en que el “percentil” no sea el esperado. 

La actividad de estas instituciones educativas requieren de métodos especiales de evaluación. Estos métodos deben incluir todos los aspectos sociales que cubren, sus PEI, su ubicación, sus actividades y proyectos de mejoramiento. Solo así podrá conocerse el verdadero valor de su actividad y el importante servicio cívico-social que prestan. 

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